Consideran necesario propiciar un diálogo democrático que debe incluir la voz de los científicos. Por eso, dicen, ofrecen aportar con su conocimiento al Estado. Hoy más que nunca se necesita honestidad intelectual para entender el fenómeno.
Desde el ámbito académico y científico no han quedado indiferentes al estallido social que Chile ha vivido en los últimos días. Como actores relevantes, recalcan, científicas, científicos, académicas y académicos, hacen un llamado a enfrentar esta crisis social y dar soluciones basadas en el diálogo social con evidencia científica.
La Red de Investigadoras (RedI) que reúne a científicas nacionales, sostiene que no es solo el alza del pasaje en el metro que afecta a muchos compatriotas de la Región Metropolitana, lo que inició de ese malestar, sino que corresponde a la frustración de la ciudadanía por el alza sistemática en el costo de la vida. “Las ineficaces reformas a los sistemas de educación, salud, laboral, tributario y de pensiones, entre otros, que han sido el caldo de cultivo en el que se ha gestado el descontento social del que hoy somos testigos, a pesar que Chile es uno de los países con mayor crecimiento económico de América Latina, continúa siendo uno de los más desiguales”, declaran.
Condenan toda forma de violencia, indican en RedI. “Solidarizamos con las y los compatriotas movilizados, en especial con las mujeres, dada la enorme brecha de género que presenta el país en todas las áreas, que se agrava con la violencia estructural que no cede. Nos declaramos en estado de alerta ante la falta de diálogo para la búsqueda de soluciones”.
En tanto en una declaración pública, la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, la Asociación Chilena de Historiadores, Más Ciencia para Chile, Frente por el Conocimiento, Red de Investigadoras, Redes chilenas de investigación, CON-CIENCIA, Grupo de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Frente Amplio, la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado y Etilmercurio, blog de divulgación científica ciudadana, consideran necesario propiciar un diálogo democrático, incluyendo múltiples actores sociales y políticos, que permita comenzar a abordar la grave crisis que está expresándose. “Para que eso ocurra se necesita deponer el Estado de excepción y tomar medidas políticas y económicas urgentes. Responder con mayor represión fue y es una irresponsabilidad del gobierno actual que debe ser revertida de forma inmediata”.
“Como Asociaciones de Investigadores/as queremos solidarizar con la indignación del pueblo y manifestamos nuestra preocupación por la situación actual. Dada la naturaleza de nuestras labores, sabemos que responder con violencia a la protesta y la organización genera consecuencias nefastas que nos marcan de infinidad de maneras como sociedad. Por lo mismo, nuestra profesión nos obliga a tomar posición frente a una situación como esta. Y lo hacemos decididamente con la sociedad que reclama y se organiza para hacer frente a una cada vez más patente precarización de la vida”, señala el documento.
En esa misma línea, la Red de Historiadoras Feministas, señalaron en una declaración que frente a los últimos acontecimientos, rechazan los dichos del Presidente Piñera en cuanto a que “estamos en guerra”. Ello, porque “estas palabras nos recuerdan los peores momentos de la dictadura cívico-militar liderada por Pinochet. Por otro lado, la movilización de los estudiantes secundarios frente al alza de precios de transporte fue una parte de la realidad brutal cotidiana sobre el costo de la vida en Chile. El pueblo ya perdió el miedo y ha hablado con fuerza: ¡no son 30 pesos, son 30 años! No obstante, en vez de escucharnos, de ver que esto es una legítima demanda, el Estado sólo ha reaccionado con violencia y terror”.
Académicos y académicas de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de la Universidad Católica Silva Henríquez, también dieron a conocer su opinión sobre los eventos sociales de los últimos días. A través de una carta, indican que esto no es algo nuevo, “sino que es la suma de todos los dolores y padecimientos de nuestros abuelos, padres, madres, hermanas y de nuestros niños”. Sostienen además que es “reflejo de la violenta imposibilidad de ser pleno y feliz en un modelo que no nos permite disfrutar de nuestros trabajos y nuestras familias, que prohíbe a gran parte de la población vivir su vida con dignidad y reduce el malestar a un estado patológico, individual, que se alivia con medidas aisladas y que se acepta como parte de la realidad. Es el resultado de un sistema que naturaliza la infelicidad y la convierte en un elemento necesario para su funcionamiento”.
Desigualdades
El estallido social que estamos viviendo tiene, entre muchos otros temas, directa relación con la forma de manejar nuestros ecosistemas, agrega Cristián Frêne, director ejecutivo de la Red Chilena de Sitios de Estudios Socio-Ecológicos de Largo Plazo y científico del Instituto de Ecología y Biodiversidad. “El Estado de Chile ha entregado el agua y los bosques a particulares, olvidando su rol en el control, monitoreo y fiscalización. Esto se ha traducido en que unos pocos inescrupulosos se han apropiado en pocas décadas de grandes extensiones de bosques y enormes volúmenes de agua, dándole un uso absolutamente inadecuado que, entre otros, ha permitido: la destrucción de bosques nativos y con ello su capacidad de almacenar agua y mantener la productividad; acaparar agua y especular con ella, o bien usarla inadecuadamente y contaminarla; reemplazar enormes extensiones de bosques por sistemas productivos basados en el monocultivo y la alta productividad, todo lo cual resta bienes y servicios para los habitantes locales, que viven de manera precaria y despojados de sus derechos humanos fundamentales”.
Las personas dedicadas a la investigación, sostiene Frêne, deben ponerse a disposición de los habitantes locales aportando información y conocimiento para el buen uso de los ecosistemas. “Debemos aportar nuestro conocimiento al Estado, para que no se sigan tomando decisiones basadas solo en criterios económicos impuestos por los inescrupulosos que solo quieren ganar dinero, sino que se hagan las cosas de forma adecuada”. indica.
En tanto, Juan Luis Celis, investigador del IEB y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, destaca que parte de este descontento social es que las externalidades negativas de los proyectos generalmente se las llevan las personas rurales, de menores ingresos y que no tienen posibilidades de desplazarse. Por ejemplo, dice, “vivir cerca de un relave en el caso de la minería, ya que obviamente no hay relave donde el valor del suelo es alto, o tener que aguantar 40 camiones diarios que pasen frente a tu casa en época de cosecha forestal”.
“El problema es que muchas de estas empresas, sus patentes están asociadas a sus oficinas centrales que no están donde tienen sus operaciones, sino que en comunas del barrio alto de la capital”, dice Celis. Lo mismo pasa en la agricultura, agrega, donde el agua esta separada de la tierra y eso facilita la especulación en el negocio del agua y que solo los grandes poderes económicos tengas acceso y existan agricultores que teniendo tierra, no tengan agua para producir. “Por otra parte cuando uno compra en un supermercado, paga en el minuto sin embargo a los agricultores ese mismo supermercado les paga a 60-90 días. Para todo esto se requiere un nuevo pacto social y ambiental que apunte a un desarrollo centrado en el bienestar de la sociedad”, sostiene.
Proteger la infancia y no simplificar el fenómeno
En ese mismo contexto, la Red de Universidades Unidas por la Infancia declara que se oponen a las situaciones de violencia a las que han sido expuestas niñas, niños, adolescentes y jóvenes. También solicitan a las autoridades promover el diálogo y medidas concretas que permitan transitar hacia una sociedad más justa. “Donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean verdaderos sujetos de derechos, no de sospecha, cuidando que nuestro rol sea protegerlos, no dañarlos, ni mucho menos vulnerar sus derechos. La Red está disponible para colaborar en promover el diálogo pacífico, desde las funciones de docencia, investigación y vinculación con el medio, propias de las Universidades que la conforman y que firman esta declaración, ello con el propósito de garantizar los Derechos de la niñez en las distintas regiones de nuestro país”.
Considerando los efectos psicológicos de la actual situación, los académicos y académicas de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de la Universidad Católica Silva Henríquez, indican que el país necesita ahora más que nunca de una transformación social, espiritual y política. “La salud mental, seriamente lesionada con este sistema, debe ser uno de los focos y sentidos que tenga cualquier medida o acuerdo que surja desde este momento, en beneficio de quienes formamos parte de esta sociedad”.
La ciencia puede aportar mucho en esto haciendo un llamado a no sobresimplificar el fenómeno, sostiene Javier Fuenzalida, académico y director de Investigación del Centro de Sistemas Públicos (CSP) del Departamento de Ingeniería Industrial de la U. de Chile. “Hay bastante ansiedad en poder entender el fenómeno cabalmente y creo que va a ser difícil lograr eso, probablemente en años. Sin duda, hay que decidir, hay que tomar medidas al respecto, hay temas de corto y mediano plazo que hay que resolver, todo apunta eventualmente hacia un pacto social que se tiene que establecer en algún momento, pero yo sería muy cuidadoso en tomar decisiones apresuradas, porque estas pueden terminar en escenarios tan malos como los que tenemos hoy día”.
En ese sentido, dice Fuenzalida, políticas públicas poco pertinentes para el verdadero ‘sistema complejo’ que se ha manifestado, no nos va a llevar a una solución efectiva de los problemas estructurales. Es más, aclara, puede llevarnos a situaciones peores que las actuales. “Ahí está el rol científico, de alguna manera ser bien honestos en decir cuando no sabemos algo, cuando requerimos estudiarlo mejor y creo que este es el caso. Hay cosas que caen de maduras, es evidente que hay un descontento social, un estallido social, pero no es tan evidente que se trate de un movimiento social, porque no hay una vertebración social en torno a algún liderazgo específico”.
“Creo que es nuestra responsabilidad desde la academia hacer llamados a estudiar esto con datos, con evidencia, a decir que no sabemos cuando no estamos seguros de lo que estamos diciendo. Hoy más que nunca necesitamos esa honestidad intelectual. Decir ‘no sabemos esto; esto sí lo sabemos’ y vamos construyendo sobre lo que sí tenemos certeza”, dice el académico de la U. de Chile.
Vía Qué Pasa, La Tercera
