El reciente asesinato de la activista medio ambiental, Javiera Rojas, develó una vez más, el doble riesgo que implica ser mujer y defensora de la naturaleza. La ONG Global Witness ha publicado anualmente el registro de personas asesinadas a causa de defender la tierra y de obstruir la destrucción de la misma. América Latina es la región del planeta donde se han registrado más casos de violencia contra activistas ambientales, no es sorprendente, tratándose de una zona con alta concentración de recursos naturales
Parece irreal que cada año los asesinatos de activistas ambientales van en aumento. El 2019 la organización publicó un documento que registraba 212 homicidios, de personas que ejercían un rol relevante en la defensa de sus hogares y la naturaleza, y por ser activos opositores del deterioro de esta.
La situación no cambia y es en América Latina, donde más muertes por defender la tierra se contabilizan. Una medida importante para proteger a estos defensores ambientales, es la firma del Acuerdo de Escazú.
¿Qué derechos garantiza Escazú?
El tratado reconoce 4 derechos humanos claves para que la ciudadanía pueda defender su entorno de una manera efectiva y libre de amenazas e inseguridades, estos derechos son:
-
El derecho a acceder a la información ambiental para saber cuestiones indispensables para nuestro día a día, como cual es la calidad del aire que respiramos o del agua que estamos tomando.
-
El derecho a ser tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones que puedan afectar a nuestro medio ambiente, contando con mecanismos de participación directa y efectiva, donde asegurarnos de que nuestra voz sí sea escuchada.
-
El derecho a acceder a la justicia en caso de que uno de esos derechos se vea vulnerado.
-
El derecho a alzar la voz y comunicar lo que está pasando en nuestro ambiente en un entorno seguro y propicio, libre de amenazas e inseguridades.
Dadas sus características, Escazú ha sido catalogado por el ex-Relator Especial de las Naciones Unidas para los DDHH sobre los asuntos ambientales, John H. Knox como “uno de los más importantes tratados de Derechos Humanos y uno de los más importantes tratados ambientales de los últimos veinte años”.
La desigualdad entre los afectados por el cambio climático, que somos todos los habitantes del planeta, problematiza la situación, porque las comunidades más dañadas son, en su mayoría, las que menos contribuyen al deterioro del medio ambiente, tales son las comunidades indígenas o los habitantes de zonas marginadas que no tienen cómo afrontar desastres naturales, escasez o represión.
Dentro de estas comunidades, las mujeres y niños son las más afectadas, esto se debe a la menor (o nula) fuerza de voto dentro de la toma de decisiones concernientes a su comunidad; además, suelen ser blanco de violencia de género, especialmente sexual, no sólo por parte de su oposición, a veces también de sus pares defensores. Un claro ejemplo ocurre en Papúa Nueva Guinea, donde la activista indígena Cressida Kuala, conformó una alianza de mujeres para incidir en la toma de decisiones territoriales, no obstante ha sido víctima de múltiples ataques sexuales, los que han pasado desapercibidos ante su comunidad (indígena también).
El reporte de Global Witness también destaca el importante papel que ocupan las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en la lucha contra el cambio climático, oponiéndose a las industrias intensivas en carbono que están acelerando el calentamiento global y el daño ambiental de manera insostenible. Además, puntualiza cómo, bajo una mayor represión y vigilancia durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, la protección de las y los activistas resulta aún más crítica para la reconstrucción de un planeta más seguro y más verde.
En América Latina y el Caribe los conflictos socioambientales están aumentando diariamente. Chile es uno de los 20 países con más conflictos socioambientales activos en el mundo (Atlas de la Justicia ambiental) y quienes denuncian esta realidad son víctimas de hostigamientos, amenazas e incluso asesinatos. Tan solo en 2020 más de 165 activistas ambientales fueron asesinados en Latinoamérica
En promedio, cuatro personas defensoras han sido asesinadas cada semana desde la adopción del acuerdo climático de París en diciembre de 2015. Además, un incontable número de personas defensoras son silenciadas mediante ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales.
De forma impactante, más de la mitad de todos los asesinatos reportados el año 2019 ocurrieron solo en dos países: Colombia (con el mayor número registrado: 64 asesinatos en un año) y Filipinas (que aumentó de 30 asesinatos en 2018, a 43 en 2019). Es probable que, a nivel mundial, el número real de homicidios haya sido mucho mayor, ya que normalmente los casos no son documentados.
Estos asesinatos incluyen a Datu Kaylo Bontolan, asesinado en Filipinas por oponerse a la minería ilegal en la zona. Como líder de Manobo, fue una de las muchas personas indígenas víctimas de estos crímenes en 2019, por defender su derecho a la autodeterminación y proteger sus tierras ancestrales de quienes buscan explotar sus recursos naturales.
La minería fue el sector más letal a nivel mundial, con 50 personas defensoras asesinadas en 2019, mientras que la agroindustria sigue siendo una amenaza, particularmente en Asia, donde el 80% de los ataques producidos estuvieron relacionados con este sector.
En Rumania, por su parte, las amenazas y los ataques también han aumentado, incluyendo el asesinato de Liviu Pop, un guardaparques que trabajaba protegiendo uno de los bosques primarios climáticos más grandes de Europa. Liviu fue asesinado a tiros por proteger árboles en un país donde el crimen organizado está diezmando estos bosques.
Entre las y los activistas que aún sostienen su lucha y están bajo amenaza se encuentra Angélica Ortiz, prominente defensora Wayuu de La Guajira, quien durante años se ha opuesto a la mina de carbón más grande de América Latina, como parte de los esfuerzos para proteger el derecho al agua de las comunidades que viven en una de las regiones más pobres de Colombia. A lo largo de esta labor, ha sido amenazada y hostigada.
Rachel Cox, encargada de campañas de Global Witness señaló al respecto:
“La agroindustria y el petróleo, el gas y la minería aparecen como los principales detonantes de los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Al mismo tiempo, son las industrias que propician el cambio climático a través de la deforestación y el aumento de las emisiones de carbono”.
Muchos de los peores abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos en el mundo son consecuencia de la explotación de los recursos naturales y la corrupción en el sistema político y económico mundial. Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente son quienes se oponen a esto.
Si realmente queremos hacer planes para una recuperación ecológica que posicione la seguridad, la salud y el bienestar de las personas en el centro, debemos abordar las causas fundamentales de los ataques contra las personas defensoras y seguir su ejemplo para proteger el medio ambiente y detener el cambio climático”.
La organización también destaca la tendencia desproporcionada de comunidades indígenas atacadas por defender sus derechos y territorios, a pesar de que las investigaciones demuestran que éstas, junto con las comunidades locales manejan bosques que contienen el carbono equivalente a, al menos, 33 veces nuestras emisiones anuales actuales.
Junto a la afectación de pueblos y comunidades indígenas por el colapso climático, las cifras de 2019 exponen que más de una de cada 10 personas defensoras asesinadas en 2019 eran mujeres. Las defensoras enfrentan amenazas específicas, incluidas campañas de desprestigio centradas a menudo en su vida privada, con contenido sexista o sexual explícito. La violencia sexual también se usa como una táctica para silenciar a las defensoras, y normalmente no se denuncia.
A pesar de enfrentar estas violentas amenazas y la criminalización de sus actos, las personas defensoras de todo el mundo obtuvieron varios logros en 2019, testimonio de su resistencia, fortaleza y determinación por proteger sus derechos, el medio ambiente y nuestro clima mundial.
En Ecuador, la tribu indígena Waorani ganó un fallo histórico evitando que el gobierno subaste su territorio para la exploración de petróleo y gas. En Indonesia, la comunidad indígena Dayak Iban del centro de Borneo, aseguró la propiedad legal de 10.000 hectáreas de tierra, luego de una lucha que se extendió por décadas.
En un caso presentado ante el Tribunal Supremo del Reino Unido por parte de las comunidades afectadas por una mina de cobre a gran escala en Zambia, un juez dictaminó significativamente que la demanda puede ser escuchada en los tribunales ingleses, lo que podría tener implicaciones más amplias para las empresas que no cumplan sus compromisos públicos con las comunidades y el medio ambiente.
Datos clave:
- En América Latina, más de la mitad de los asesinatos están relacionados con comunidades afectadas por la minería. Filipinas es el país donde existe un vínculo más estrecho entre los homicidios y la minería, con un total de 16 personas asesinadas.
- La explotación forestal fue el sector con el mayor aumento de asesinatos a nivel mundial desde 2018, registrando un aumento del 85% de ataques contra personas defensoras que se oponen a esta industria.
- Más de dos tercios de los asesinatos sucedieron en América Latina, que ha sido clasificado constantemente como el continente más afectado desde que Global Witness comenzó a publicar datos en 2012.
- Asia se mantiene como una de las regiones más vulnerables respecto a ataques relacionados con la agroindustria, siendo uno de los principales focos de ataques contra las y los defensores desde hace mucho tiempo. En 2019, más del 85% de los ataques registrados relacionados con la agroindustria se produjeron en Asia. El 90% de estos fueron documentados en Filipinas.
Fuente: Global Witness / Escazú Ahora Chile