En el mar se originó la vida, y es el mar el que provee de las condiciones que necesitamos para nuestro desarrollo y el de las demás especies. Ya lo decía Sylvia Earle, “El océano es la piedra angular de nuestro sistema de soporte vital. Sin océano, no hay vida. Sin azul, no hay verde”.
El territorio de Chile está estrechamente ligado al océano Pacífico, desde lo ancestral, histórico, social, cultural y económico. Por su parte el Estado, tiene el deber de promover el bien común, por lo que ha de proteger la integridad ecosistémica de los océanos, garantizando su uso para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Sin embargo, el Estado no ha logrado gestionar adecuadamente “nuestro” mar.
Desde 1990 se ha incentivado la expansión de la industria intensiva de salmonicultura en mar chileno, y territorio ancestral Mapuche, Kawésqar y Yagan, sin suficiente conocimiento
científico que permita asegurar que no se está generando daño. La entrega de porciones de mar en concesiones a empresas que lo explotan ha provocado cuantiosos daños ambientales, y hoy, en plena emergencia climática y ecológica, no podemos darnos el lujo de descuidar nuestros Bienes comunes.
En 2016 la Contraloría General de la República llevó a cabo dos auditorías a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), instituciones responsables de regular y fiscalizar el desarrollo de la acuicultura. Los resultados fueron alarmantes. La investigación de la Contraloría demostró, entre otros incumplimientos, que una importante cantidad de concesiones de salmonicultura estaban generando condiciones anaeróbicas.
El término anaerobismo se refiere a la falta o ausencia de oxígeno en un determinado cuerpo o sistema. Esta situación puede generarse como consecuencia de la cantidad de materia orgánica (heces y alimento no consumido) que los centros de cultivo descargan al mar. La situación es grave pues en ambientes anaeróbicos la vida marina no puede prosperar. Es la razón por la que bajo muchos centros de salmonicultura se han generado verdaderos desiertos submarinos.
Los resultados de la auditoría de la Contraloría evidenciaron que el problema más grave se
encuentra en la Región de Magallanes, donde más de la mitad de los centros de cultivo (53%) reportaron esas condiciones, entre 2013 y 2015. Lo que es más grave aún, es que varios de los centros donde se estaba dando el problema se ubican dentro de áreas protegidas. Sumado a ello, las auditorías advirtieron también que, en al menos 100 casos, los titulares de concesiones que habían generado condiciones anaeróbicas tomaron muestras en sitios diferentes para comprobar que se habían restaurado las condiciones aeróbicas.
Las condiciones que permiten que nuestro océano nos provea de funciones ecosistémicas
debiesen ser protegidas celosamente por el Estado; sin embargo, en Chile quien provoque un mar muerto con su actividad salmonicultora goza de impunidad. No existe sanción expresa por los daños que esta situación genera, y la normativa al respecto es preocupantemente laxa. En efecto, según el reglamento ambiental que rige a la industria, el titular tiene la responsabilidad de mantener las condiciones aeróbicas de las áreas de sus concesiones. Si incumple con esta obligación, no puede volver a sembrar peces hasta que compruebe que las condiciones han vuelto a estar aeróbicas. Pero esta comprobación puede lograrse fácilmente inyectando oxígeno en la columna de agua mediante diversas tecnologías. Así, el cultivo de peces puede continuar sin remediar el daño que la falta de oxígeno genera en los ecosistemas.
Poco después de publicadas las auditorías, el Director Nacional de Sernapesca instruyó la
realización de un sumario administrativo para investigar las irregularidades evidenciadas por las auditorías y establecer la responsabilidad dentro de su propio organismo.
El sumario administrativo se enfocó en tres hechos: la operación de centros fuera del área de la concesión; la toma de muestras en puntos diferentes para comprobar el restablecimiento de condiciones aeróbicas; y la falta de declaraciones de caducidad en concesiones que habrían incurrido en ello al no registrar operaciones a un año de la entrega material de la concesión.
Sorprendentemente, no se investigó el hecho de que un gran número de centros estuvieran
generando falta o ausencia de oxígeno en ecosistemas marinos.
Ese proceso concluyó en enero de 2018. Sin argumentos suficientes, los funcionarios objeto del sumario fueron absueltos de todos los cargos. Tampoco se dictó nueva normativa para
responder a los graves problemas evidenciados. Así, Chile perdió la oportunidad de avanzar
ante el grave problema de fiscalización que pesa sobre la industria salmonera.
AIDA, FIMA, GREENPEACE
