Memoria y patrimonios incómodos: A 80 años de Auschwitz

Luis Alegría / Servicio Nacional del Patrimonio; Claudio Galeno / Universidad Católica del Norte; Daniel Matus / Universidad de Magallanes; Integrantes Núcleo Mileno Patrimonio NupatS

La conmemoración del Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, este 27 de enero del año 2025, es decir a 80 años de la liberación de Auschwitz, el campo de exterminio nazi más grande de los conocidos, nos permite discutir sobre las enseñanzas y legados de esta catástrofe humana, como un recordatorio frente a los peligros de la intolerancia. Proponemos, una reflexión sobre 2 aspectos del debate público en Chile. Primero, sobre el avance o al menos la visibilidad pública de los discursos negacionistas de las violaciones de derechos humanos de la última dictadura militar, y segundo, la importancia de la preservación y sostenibilidad de los sitios de memoria en Chile.

Porque el avance de los discursos negacionistas en Chile representa una amenaza significativa para la democracia y el respeto a los derechos humanos. Porque estos discursos, minimizan, justifican o incluso celebran las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet. Para hacerlo no solo distorsionan la historia, sino que también crean un clima de impunidad que puede facilitar la repetición de tales atrocidades. El negacionismo es un fenómeno que socava los consensos sociales fundamentales, al posibilitar la recurrencia de nuevas violaciones de derechos humanos.

Como señala Lieta Vivaldi, académica de la Universidad Alberto Hurtado, el negacionismo no es simplemente una cuestión de opinión; es un ataque directo a la dignidad de las víctimas y la memoria colectiva, destaca que “el negacionismo abarca una serie de acciones que incluyen la negación total o parcial, la justificación, la relativización, la banalización o la minimización de las graves violaciones a los derechos humanos” (2023).

El impacto de estos discursos es profundo. Al relativizar las violaciones a los derechos humanos, se debilita el consenso social que establece que tales actos son inaceptables en una sociedad democrática. La historia nos ha enseñado que cuando se permite que estas narrativas prosperen, se crea un terreno fértil para futuras violaciones. 

Daniel Matus

Por su parte, los sitios de memoria, son espacios que permiten conocer, documentar sensibilizar, transmitir y educar sobre estas graves violaciones de derechos humanos, no solo son lugares de duelo, sino también “espacios donde se construyen identidades colectivas y se promueven valores democráticos” (Alegría y Uribe, 2014), permiten a las comunidades confrontar su historia, reconocer el sufrimiento de las víctimas y trabajar hacia un futuro más justo. Por ello, es clave que el Estado chileno, que un primer momentoo reconoció la relevancia social de estos sitios, al declararlos Monumentos Nacionales (Ley 17.288), ahora en una segunda etapa, genere las condiciones para su conservación, sostenibilidad y proyección.

El camino hasta ahora ha sido la creación del Programa Sitios de Memoria, albergado en el Servicio Nacional del Patrimonio, aunque hay voces que señalan que esta función, debería estar en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y DDHH. Otros, plantean que el camino es la promulgación de una ley específica para los Sitios de Memoria (https://villagrimaldi.cl/noticias). En cualquiera de las 3 vías, es claro y evidente que el Estado chileno posee una deuda con los sitios de memoria, y que aunque se ha avanzado, esta deuda es profunda y de gran alcance.

En nuestra opinión, el futuro de los sitios de memoria, su conservación, sostenibilidad y proyección, se juega en el campo del patrimonio cultural, más que en el campo de los DDHH u otra alternativa. La discusión de la nueva Ley del Patrimonio, abre y por cierto ha abierto una puerta en este sentido, al incorporar la categoría de sitios de memoria, como una categoría de protección patrimonial. Pero, no basta con la existencia de la categoría; la actual Ley 17.288, reformada y actualizada, podría ser un camino más corto; se debe contar con un reglamento sobre la conservación, gestión y sostenibilidad de los sitios de memoria, de paso debería señalarse que todo lugar declarado sitio de memoria, debe poseer un presupuesto para su conservación, gestión y sostenibilidad.

En el caso de nuestro país, se ha ido estableciendo una relación entre patrimonio, memoria y derechos humanos, Seguel (2019), expresa en el concepto de patrimonio de los derechos humanos, es una noción muy en uso, esta misma ha sido abordada por Alegría (2012), Alegría y Uribe (2014) y Cabeza (2017), el propio Seguel (2019) la utiliza para referirse a lo que Llorenç Prats (2005) denomina “patrimonio incómodo”, el cual surge como una respuesta del Estado a las demandas de la sociedad civil por verdad, justicia y memoria. También se ha hablado de patrimonio y terrorismo de Estado o patrimonio y represión. Por ejemplo, en referencia a los procesos de patrimonialización de los campos de detención o centros de tortura, reconvertidos en sitios de memoria (Loreto López, 2011, 2013, 2015; Machiara Bianchini, 2015). En todos los casos, es desde el campo del patrimonio que se ha aportado de manera significativa en reflexionar y visibilizar la importancia de este tipo de patrimonio para toda la sociedad y su futuro.

Por otro lado, señalar que las conmemoraciones, son actos que reflejan el poder simbólico que tiene el recordar. Katherine Hite nos dice que las conmemoraciones pueden servir como “puntos de encuentro para la reflexión colectiva” (2013), lo que permite a las sociedades procesar su pasado y establecer un compromiso con el presente y el futuro. La fecha del 27 de enero, al recordar el Holocausto, no solo honra a las víctimas, sino que también actúa como un recordatorio constante sobre los peligros del odio y la intolerancia.

Comparando estas dos realidades, encontramos que el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, como los sitios de memoria en Chile comparten un objetivo común: educar y sensibilizar a las nuevas generaciones sobre los horrores del pasado. En ambos casos, el acto de recordar es un acto que busca prevenir la repetición de tales atrocidades. La educación en derechos humanos, promovida a través de estos espacios, es fundamental para cultivar una ciudadanía informada y activa. En definitiva, tanto el día 27 de enero, en el mundo, como la existencia de los sitios de memoria en Chile son recordatorios poderosos del papel que juega la memoria y el patrimonio en la construcción de una ciudadanía democrática.