Por César Astete, Director de las campañas de pesca de Oceana
Sin duda la actividad pesquera de la merluza común lleva años en una situación compleja. La especie cumple cerca de 12 años en sobreexplotación, y si bien el Comité Científico indica que “muestra algunas señales relativas de recuperación”, la verdad es que sus problemas siguen siendo los mismos desde hace décadas.
Para quienes llevan una vida en esta actividad, los inicios de los años 2000 fueron críticos, los desembarques bajaron más de un 50% en 2004 y 2005. Al revisar información de la época se discutía de la “gran crisis de la merluza”, la que impactó fuertemente al sector artesanal e industrial. Ya en esos años, la industria deslizaba que la investigación era deficiente y que las razones de la crisis no tenían que ver con la pesca de arrastre de fondo, arte de pesca usado desde al menos 1960 por este sector.
Sin embargo, 23 años después, la información obtenida generó un cambio. Tenemos programas anuales de investigación y monitoreo, existen Comités Científicos Técnicos y se ha fortalecido el Fondo de Investigación Pesquera y Acuícola, pero la pesca de arrastre de fondo sigue estando ahí como la principal amenaza a la conservación de la merluza común. Tan fuerte ha sido el declive de la actividad que el sector industrial, que llegó a operar con más de 50 naves de arrastre de fondo en el Biobío, hoy ha disminuido a siete y la fusión de empresas ha concentrado en pocos actores la participación industrial buscando hacer viable los permisos de operación.
A pesar de esta disminución, no se ha logrado avanzar en regulaciones modernas para este tipo de captura. Los impactos de esta técnica de pesca se han estudiado, y su afectación no solo es en las poblaciones de peces y comunidades bentónicas de las zonas donde es utilizada, sino también daña el fondo marino y puede tener efectos a largo plazo en el ecosistema, al alterar las propiedades físicas de sus sedimentos, por ejemplo, a través de la erosión y resuspensión de sedimentos finos, fuente de alimento y hábitat importante para pequeños organismos que se encuentran en los niveles inferiores de las tramas tróficas.
En esta línea, hace un par de semanas, en el marco de la nueva ley de pesca que se discute en el Congreso, se pudieron apreciar algunas posiciones frente a esta amenaza para la conservación de la merluza común.
El Gobierno propuso definir qué se entendería por congelamiento de la huella del arrastre apreciándose dos argumentos centrales. Primero, el Subsecretario de Pesca señaló ante los diputados y diputadas la necesidad de regulación de esta técnica con el objetivo de dotar a la Subsecretaría de Pesca de mejores y mayores herramientas de manejo espacial aplicados a la pesca industrial. En segundo lugar, argumento que no compartimos, se indicó que esto solo era posible reformando la ley, lo que por defecto pondría como actos ilegales lo anunciado el 2017 por el Gobierno de la Presidenta Bachelet y que fue refrendado haciendo las consultas a los Consejos Zonales durante el Gobierno del Presidente Piñera de congelar, por vía administrativa, la expansión de la pesca de arrastre de fondo. Sobre ello, el exsubsecretario Riquelme indicó que “con el congelamiento de la huella de arrastre no hay afectación de ningún empleo”.
En el pleno de la Comisión de Pesca se esgrimieron argumentos que ya hemos oído y que no consideraron que la definición de la huella de pesca presentada por el Gobierno solo habla de una medida de administración que busca establecer limitaciones a la expansión considerando los elementos de variabilidad ambiental y cambio climático. Tal fue la confusión que el investigador Hugo Arancibia indicó que esta medida “pretendía eliminar la pesca de arrastre” conclusión que bajo nuestra perspectiva no tienen fundamento en los hechos.
La verdad es que existe un ejemplo importante de este tipo de medida de administración. Así lo explicó claramente la Jefa de la División de Administración Pesquera de Subpesca indicando que esta acción de manejo se ha utilizado en Nueva Zelanda para priorizar sitios de pesca o para la recuperación de otros aplicándose técnicas adaptativas como el aviso de movimiento de las naves a otras zonas por indicadores de ecosistemas marinos vulnerables u otros definidos con la debida fundamentación.
Como segunda amenaza para la conservación de la merluza común aparece la pesca ilegal que se materializa de distintas formas. Los datos del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) del año 2023 pueden darnos una perspectiva:
- De todas las causas denunciadas a tribunales en 2023 por pesca ilegal, un 11,4% corresponde a denuncias por merluza común, liderando el ranking.
- La merluza común es la sexta especie con más incautaciones en 2023, con 58 toneladas. Si consideramos solo peces avanza al segundo lugar luego de la anchoveta.
- El principal incumplimiento en la etapa de captura es el subreporte o entrega de información no fidedigna.
- En cambio, en la cadena de valor, los principales hallazgos y detecciones ocurrieron en las inspecciones a medios de transporte (65%) y comercializadores (24%).
- En el sector industrial, el 2023 se confirmó una multa por 1.000 (UTM) por descartar merluza común.
Desde Oceana, hemos trabajado por años en distintas propuestas, basadas en ciencia, para recuperar la merluza común. En 2016, presentamos el estudio “Propuesta para la eliminación progresiva de la pesca de arrastre en Chile”, para congelar la huella del arrastre de fondo, lo cual permitiría evitar la expansión de este arte de pesca a zonas que no han sido arrasadas. En otras palabras, se proponía que la flota siguiera pescando merluza común y crustáceos, pero solamente en las áreas donde históricamente lo ha hecho.
En 2020, elaboramos el informe “Eliminación de las redes de arrastre de fondo en la pesquería de la merluza común”, el cual recopiló información bibliográfica sobre las características de la pesca de arrastre de fondo, su impacto sobre el ambiente y el manejo pesquero de la merluza común, alertando de los impactos de esta amenaza en la recuperación de la pesquería.
En 2023, presentamos el reporte “Hacia la sustentabilidad en la pesquería de merluza común” que incluía distintas propuestas para abordar el problema del incumplimiento y la pesca ilegal en la cadena de valor, buscando ir más allá del enfoque puramente fiscalizador a los agentes extractivos, e impulsar estrategias que pongan a atención en el transporte y la comercialización en sus mercados de destino.
Todas estas propuestas, entre otras más, las hemos presentado a las autoridades de turno, buscando aportar desde la ciencia para la recuperación de la pesquería. Sin embargo, siguen pasando los años y la crisis de la merluza común solo se perpetúa, dejando sin respuesta a las comunidades artesanales que históricamente han vivido de este recurso y, probablemente, dejando a nuestro país sin uno de los productos del mar que tradicionalmente han acompañado a chilenas y chilenos, nuestra clásica pescada.
Los efectos sobre caletas emblemáticas como Portales en Valparaíso o Cocholgüe en el Biobío hace que los últimos años pasen meses sin tener desembarque de merluza común. La pesca artesanal no puede seguir esperando y la recuperación de la merluza común no puede ser visto como un problema sino como una obligación de las autoridades que tienen por mandato el uso sostenible y la salvaguarda de los ecosistemas marinos.
