Recursos de queja y apelación buscan revertir la decisión del Primer Tribunal Ambiental, denunciando ilegalidades que ponen en riesgo el Estado de Derecho.
En una nueva arremetida legal, abogados y abogadas de la Alianza Humboldt han presentado diversos recursos judiciales con el objetivo de revocar la reciente resolución del Primer Tribunal Ambiental (1TA). Esta determinación obliga al Comité de Ministros a modificar su rechazo unánime al proyecto minero-portuario Dominga, allanando el camino para su eventual aprobación.
La organización de conservación marina Oceana interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema, argumentando que la resolución del 1TA favorece de manera injustificada a Andes Iron SpA, empresa dueña del proyecto Dominga. Según el escrito, este fallo vulnera el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución y establece diferencias arbitrarias en beneficio de la compañía.
El recurso solicita que el máximo tribunal anule la resolución impugnada o, en su defecto, dicte las medidas necesarias para corregir las faltas y abusos denunciados. “La sentencia del Primer Tribunal Ambiental evidencia que este organismo se ha atribuido facultades que la ley no le otorga”, señaló Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA. “Nunca antes un tribunal ambiental había traspasado los límites que le impone la normativa. En este caso, en lugar de revisar los actos administrativos en materia ambiental, pretende decidir sobre la aprobación del proyecto”, añadió el abogado que representa a Oceana.
Comunidades locales también apelan
En paralelo, el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente (MODEMA), el Comité de Agua Potable Rural Los Choros y la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros presentaron un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. La acción legal cuestiona la exigencia del 1TA al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de emitir una nueva resolución, argumentando que se han cometido “graves vicios de ilegalidad” que comprometen el ordenamiento jurídico.
Alejandra Donoso, directora ejecutiva de Defensoría Ambiental, enfatizó la gravedad de las irregularidades cometidas por el tribunal. “Se han vulnerado derechos fundamentales de la ciudadanía, especialmente de quienes participaron en el proceso de observaciones ciudadanas, que ahora han sido excluidas arbitrariamente por el Tribunal Ambiental”, afirmó la abogada.
A estos recursos se suma una apelación presentada por el propio Servicio de Evaluación Ambiental ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, reforzando la postura de que la decisión del 1TA representa un peligroso precedente para la institucionalidad ambiental del país.
Con estas acciones legales, comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil buscan no solo revertir la resolución del Primer Tribunal Ambiental, sino también garantizar que el proceso de evaluación ambiental se rija por principios de legalidad, justicia y participación ciudadana efectiva.
