Un reciente estudio científico alerta sobre la necesidad urgente de reforzar la fiscalización del agua de lastre en los puertos de Chile, con el fin de prevenir la introducción de especies invasoras que amenazan la biodiversidad marina y la salud humana.
El agua de lastre corresponde al volumen que las embarcaciones cargan o descargan para mantener su estabilidad durante la navegación. Sin embargo, esta práctica conlleva riesgos ecológicos significativos, ya que puede transportar organismos no nativos, como patógenos o especies invasoras, que al ser liberados en nuevos entornos pueden alterar gravemente los ecosistemas marinos.
En este contexto, la investigación titulada “Bioseguridad marina: un estudio de agua de lastre de los barcos que llegan al puerto de Chile” evaluó el cumplimiento de la normativa internacional vigente en el país. El estudio es liderado por el Dr. Antonio Brante, académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), junto al Dr. Javier Pinochet como asistente de investigación. El trabajo se enmarca en el proyecto Fondecyt N°1230158: “Marine bioinvasion and biosecurity on the Southeastern Pacific Coast: early detection and anthropic and natural mechanisms of introduction, spread and invasion”.
El transporte marítimo representa una de las principales vías de introducción de especies exóticas, a través de dos mecanismos: la bioincrustación —organismos adheridos al casco de los barcos— y el agua de lastre. “Para mantener la flotabilidad y maniobrabilidad, los barcos cargan agua de lastre. El problema es que muchas embarcaciones no realizan la descarga en los lugares establecidos por la normativa, sino cerca de la costa, aumentando el riesgo de invasión biológica en ecosistemas vulnerables”, explicó el biólogo marino Javier Pinochet.
Las consecuencias pueden ser graves: desplazamiento de especies nativas, alteraciones ecológicas, impactos en actividades como la pesca y elevados costos económicos y ambientales. Por ello, la Organización Marítima Internacional (OMI) estableció la norma D-2, que regula la cantidad de organismos viables permitidos en las descargas de agua de lastre.
Actualmente, en Chile esta normativa no es obligatoria, sino solo una recomendación, lo que representa un desafío importante en materia de bioseguridad. Este estudio constituye el primer esfuerzo nacional en evaluar el grado de cumplimiento de la norma D-2 en embarcaciones que arriban a puertos chilenos, y resalta la necesidad de reforzar su fiscalización para proteger la biodiversidad marina.
Resultados principales
El monitoreo se llevó a cabo mediante el muestreo de agua de lastre de 12 embarcaciones que arribaron a los puertos de Valparaíso, San Vicente y Calbuco, ubicados en distintas ecorregiones marinas del país. El estudio, que se extendió por un año y contó con apoyo logístico de la Armada de Chile, implicó un trabajo técnico exigente debido a la dificultad de acceder a los estanques donde se almacena esta agua.
Es la primera vez que en Chile se analiza de forma directa el cumplimiento de la normativa D-2, la cual fija límites específicos sobre la cantidad de organismos vivos presentes en el agua de lastre. A diferencia de la regulación D-1, que solo exige el intercambio del agua en alta mar y cuya aplicación en el país se basa en reportes declarativos, la norma D-2 introduce parámetros cuantificables para evaluar el riesgo biológico.
El estudio consideró variables como temperatura, pH y salinidad, además de la identificación de organismos planctónicos, tanto fitoplancton (como diatomeas y dinoflagelados) como zooplancton (principalmente invertebrados marinos en estado larval). “Detectamos una alta diversidad de fitoplancton y zooplancton, lo que evidencia el riesgo que representa el vertimiento de agua de lastre sin tratamiento adecuado”, detalló Pinochet.
Los resultados fueron contundentes: la mayoría de las embarcaciones presentaron concentraciones de plancton superiores a los límites establecidos por la norma D-2, incluso en casos donde se declaró que el agua había sido tratada. Los parámetros fisicoquímicos, como oxígeno disuelto, temperatura y pH, se mantuvieron dentro de rangos que favorecen la supervivencia de estos organismos.
Frente a este panorama, el estudio plantea la necesidad urgente de avanzar hacia la implementación obligatoria de la norma D-2 en Chile, junto con establecer mecanismos efectivos de fiscalización. Asimismo, recomienda el uso de sistemas certificados de tratamiento de agua de lastre, como tecnologías de radiación UV o tratamientos químicos.
“Las futuras políticas públicas deben centrarse en la prevención, alineándose con los marcos internacionales propuestos por la OMI. La implementación efectiva de la norma D-2 es clave para proteger la biodiversidad marina, reducir los riesgos para la bioseguridad y evitar impactos negativos en la salud humana y las actividades económicas”, concluyó Javier Pinochet.
