Carla Vidal Aiach, directora Magíster en Políticas Públicas y Procesos Socioterritoriales de la Universidad Católica del Maule.
Recientemente Chile firmó del Acuerdo de Escazú. Con este hecho, la administración del presidente Garbiel Boric, salda una deuda en materia de política internacional y medioambiental que se mantenía desde el gobierno anterior cuando, junto con Costa Rica, lideró el proceso de construcción y consolidación de una democracia ambiental en América Latina y El Caribe, pero del cual, finalmente, se excluyó.
Con la firma Chile tiene una oportunidad valiosa para posicionarse nuevamente como un actor relevante en el tema medioambiental a nivel internacional. Cabe destacar que, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, es el primer pacto medioambiental de la región y da cuenta del rol que estados latinoamericanos atribuyen a las estrategias multilaterales como mecanismos para avanzar en la gestión de los problemas globales. Lo cierto es que, para un país como Chile, su imagen y posicionamiento internacional es fundamental. Su capacidad de incidencia en el Sistema Internacional dependerá de cómo se articulen de manera coordinada todos sus atributos y capacidades (de poder), además de la voluntad política que exprese para emplearlos en logro de sus objetivos e intereses nacionales.
La negativa de adscribir al del Acuerdo de Escazú de cierta manera develó las deficiencias en la formulación de la política exterior. Esta debe ser concebida como una política de Estado que cuente con un sólido acuerdo político-partidario e incorpore con actor esencial, a las organizaciones de la sociedad civil, que reclaman cada día por más transparencia, participación e incidencia (vinculante) en la toma de decisiones. Justamente estos son los aspectos fundantes de Escazú. Asimismo, se reconoce que, para la gestión de los riesgos y amenazas globales, el multilateralismo sigue siendo el mejor instrumento para alcanzar acuerdos.
El mero hecho que Chile sea miembro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como hemos visto, no garantiza que sus actores internos entiendan el medioambiente como una prioridad y es posible que la política internacional esté captura por grupos de presión que no desean ceder a sus intereses particulares en desmedro de la calidad de vida de todos los chilenos. La verdad es que nuestro país enfrenta cada día los efectos del cambio climático y son más los chilenos y chilenas que esperan que en una nueva Constitución la definición del medioambiente como un bien público y un derecho humano esté incorporada. El desafío es contar con un Estado que tenga una mayor capacidad de cooperación con múltiples actores y pueda compartir los costos y beneficios del desarrollo de manera sostenida y sustentable.
