El contexto es claro, en Chile, más de la mitad de los ecosistemas se encuentran amenazados y el 62% de las especies corre con la misma suerte. Esta situación es la que busca hacerse cargo el proyecto de Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) que se encuentra en su última etapa legislativa en el Congreso Nacional. Este proyecto demoró más de 13 años en ser tramitado en el Congreso, y el miércoles 26 de abril, fue aprobado en su tercera tramitación y por unanimidad en el Senado con 33 votos a favor, cero abstenciones y cero votos en contra. Sin embargo, no ha estado exento de controversias.
“Crear una institucionalidad nueva siempre es complicado”, señaló la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas en CNN.
Lo que antes hacían 5 ministerios, ahora recaerá en la creación de un servicio avocado a esta tarea.
- el Ministerio de Agricultura administra áreas protegidas a través de Conaf.
- el Ministerio de Economía administra los parques y reservas marinas a través de la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca.
- el Ministerio de las Culturas gestiona los santuarios de la naturaleza a través del Consejo de Monumentos Nacionales.
- el Ministerio de Bienes Nacionales administra los bienes nacionales protegidos.
- El Ministerio del Medio Ambiente administra las áreas marinas costero-protegidas de múltiples usos, custodia los santuarios de la naturaleza y supervigila todo el sistema.
El proyecto ha sido criticado tanto desde los sectores de la salmonicultura y minería, como desde las organizaciones de la sociedad civil y ambientales, porque el SBAP permitirá la creación de un organismo único para el cuidado de las áreas protegidas y la biodiversidad del país, pero 411 centros de cultivo de salmón que se encuentran en áreas protegidas, permanecerán vigentes, porque la ley, no actuará de forma retroactiva.
La Fundación Terram, señaló datos reveladores, actualmente existen un total de 1.400 concesiones salmoneras otorgadas, distribuidas en las regiones de Los Lagos, de Aysén y Magallanes. De este total, 411 se ubican al interior de áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), lo que equivale al 29% del total de centros vigentes.
El temor para los sectores industriales, radica en que esto limitaría el desarrollo de las actividades económicas, como la salmonicultura en el sur de Chile. Sin embargo, el texto propuesto por el Gobierno plantea que no se otorgarán nuevas concesiones dentro de las áreas protegidas, lo que no afectaría las concesiones vigentes ni los puestos de trabajo existentes, ya que tampoco es una ley retroactiva.
La dirigencia sindical de la industria salmonera en Puerto Montt, declararon en una carta pública “Somos representantes de emprendedores, comerciantes, transportistas y gente de trabajo que, en las últimas décadas, hemos contribuido al desarrollo del sur de Chile de la mano de la industria del salmón. Entre todos formamos la cadena de valor de esta actividad, que actualmente es fuente laboral de más de 70 mil familias. El proyecto de ley SBAP desconoce la relevancia estratégica y la vinculación directa que tiene la salmonicultura con otras actividades en las seis regiones donde se desarrolla”, expresaron.
Para atender este temor, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas enfatizó mediante su cuenta de Twitter, que “el proyecto busca resguardar las áreas protegidas, zonas que como país hemos decidido cuidar por su valor en biodiversidad y los beneficios que nos entregan. Para cumplirlo la Ley para la Naturaleza prohíbe nuevas concesiones de salmonicultura, pero se mantienen las actuales”.
Es por lo anterior, que las organizaciones medioambientales, manifestaron su descontento y preocupación al respecto de las concesiones vigentes de salmonicultura en áreas protegidas. El día lunes 22 de mayo, cuando la Comisión Mixta suspendió la sesión, más de 120 organizaciones y representantes de la sociedad civil firmaron una carta abierta dirigida al Presidente Gabriel Boric, expresando su desaprobación.
Ante los antecedentes de los últimos años y de las últimas semanas sobre cómo operan las salmoneras y su impacto ambiental e inclusive en la seguridad laboral de los operarios de los centros, se advierte el temor ante la posibilidad de permitir actividades económicas que puedan dañar la biodiversidad en
áreas protegidas. El principal argumento es que la protección adecuada de los espacios naturales no debe admitir actividades extractivas intensivas que degraden los ecosistemas y pongan en riesgo la conservación.
Por otro lado, desde Fundación Terram, el abogado Felipe Perillán Caviedes, señala que “un tema clave a tratar, es la preocupante inclusión de una categoría de concesiones, denominadas sectoriales, al interior de las áreas protegidas, pues esto podría comprometer la integridad de estos espacios y permitir la instalación de actividades económicas nocivas que amenacen la biodiversidad. Una adecuada protección de los espacios naturales no puede admitir el desarrollo de actividades extractivas intensivas que degraden los ecosistemas y pongan en riesgo la conservación”.
En la misma línea, el economista de Fundación Terram, Cristopher Toledo dice que “el texto del Gobierno propone que no se otorguen nuevas concesiones al interior de áreas protegidas, por lo cual no se afectará ninguna concesión hoy vigente y, por ende, no se pone en riesgo ningún puesto de trabajo, como han anunciado de manera irresponsable algunos representantes de la industria”, afirmó.
Ante una inminente prohibición de la salmonicultura, la minería o de cualquier otra actividad industrial dentro de las áreas protegidas, será un requisito mínimo en el contexto actual de crisis climática. El deterioro de estos ecosistemas naturales de alto valor tiene consecuencias directas en la calidad de vida de las personas y en las proyecciones de vida de la especie humana en el planeta.
Fuente: Fundación Terram
