Por Karien Volker, subgerenta de Economía Circular de Fundación Chile
La imagen de toneladas de basura obstruyendo el paso del río Mapocho es una de las que quedó en la retina después del sistema frontal de junio pasado. En medio de escombros, ramas y todo tipo de basura, se veían restos de electrodomésticos y otros aparatos eléctricos. Una “postal” que ojalá no olvidemos y que nos movilice a tomar acción respecto a la grave crisis que representa el creciente volumen de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que estamos generando como sociedad.
La problemática, ciertamente, es mundial. Se trata de los residuos que más crecen en el planeta y —por lo mismo— los países desarrollados tienen entre sus prioridades ambientales la recuperación y el reciclaje de estos aparatos, llegando a tasas de 70% en el caso de Suiza —líder en la materia— y de 50% en Francia. Un trabajo que sigue a toda marcha, según pudimos comprobar en reciente gira al Viejo Continente.
Chile, a pesar de ser un país OCDE, mira muy de lejos esa realidad, con tasas de recuperación que apenas sobrepasan el 3%, aunque tiene el tercer mayor consumo per cápita de Latinoamérica en cuanto a aparatos eléctricos y electrónicos (los llamados AEE), con 9,6 kilos de chatarra al año por habitante.
Si no se recuperan y no se asegura una disposición adecuada de estos residuos, ¿a dónde van? Y la respuesta es que generalmente se les encuentra en vertederos ilegales, abandonados en sitios eriazos, el fondo del patio de algunas casas, o, como se vio, en los lechos de los ríos, con el riesgo que implica tener este tipo de artefactos botados, como si fueran basura común. No lo son y en eso hay que ser tajantes: pueden contener hasta 69 elementos de la tabla periódica; algunos componentes son metales valiosos, pero también los hay potencialmente contaminantes, que representan un riesgo para la salud y el medio ambiente.
Desde Fundación Chile, en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y con el apoyo de Onudi (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial), estamos trabajando para cambiar el destino de los RAEE y aumentar fuertemente las tasas de recuperación y reciclaje, asegurando la disposición adecuada de aquellos elementos que no es posible reconvertir.
A través del proyecto Residuos-E y las campañas de recolección de Renchúfate, buscamos apoyar desde el punto de vista técnico con estudios al MMA para la elaboración de normativa y los sistemas de gestión de residuos que se tendrán que conformar para la puesta en marcha de Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor), creando a la vez conciencia en los consumidores respecto a la importancia de modificar el patrón lineal de comprar, usar y botar.
Actualmente, los esquemas de recolección y valorización son B2B, existiendo pocas opciones para los consumidores que buscan reciclar estos aparatos, que en general deben pagar por un servicio de retiro. A partir de la puesta en marcha de la Ley REP para esta categoría de productos, serán los fabricantes e importadores los responsables de asegurar la gestión adecuada de estos residuos.
También se busca ampliar las opciones para reparación, que en ciertos países de la Unión Europea—que es hacia donde estamos mirando como ejemplo a seguir— ya se establecen como un “derecho a reparar”, con centros especializados, que además tienen un objetivo social como fuentes laborales para personas vulnerables.
Si el río suena, y además se atasca, es señal de que trae algo más que piedras, y un llamado a la acción para que la imagen que vimos en el Mapocho no se repita, en ningún lugar de Chile.
