Las 14 fiscalizaciones realizadas en la región de Aysén a principales empresas y contratistas, dieron como resultado 12 multas. Entre las faltas detectadas, en el caso de los buzos se detectó ausencia de bitácora de inmersiones o equipos no certificados por autoridad marítima.
Multas por casi 110 millones de pesos aplicó la Dirección del Trabajo (DT) durante fiscalizaciones simultáneas realizadas a empresas salmoneras en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.
“A través de la Dirección del Trabajo se realizaron 35 fiscalizaciones a 25 empresas en las tres regiones australes, es decir Los Lagos, Aysén y Magallanes. En este programa inspectivo se fiscalizaron a 25 empresas del rubro salmonero, las que fueron inspeccionadas en sus centros de cultivo para determinar si cumplían con la seguridad e higiene apropiadas para los trabajadores de superficie como también para quienes efectúan labores de buceo. En esta oportunidad se aplicaron 15 multas por casi 110 millones de pesos ”, informó el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Ángel Cabrera.
La realización de este programa inspectivo fue decidida ante las altas cifras de mortalidad en esta industria, especialmente en las faenas de buceo.
Entre el año 2021 y abril de este año han fallecido 7 buzos que prestaban labores para la industria salmonera. En el período se han verificado también 25 accidentes no fatales.
El director regional del Trabajo, Claudio Salas, señaló que “la Dirección del Trabajo ha asumido un especial compromiso con los trabajadores y trabajadoras de la industria salmonera y está actuando en dos planos. Uno es el del diálogo social, participando en mesas de trabajo tripartitas instaladas por la Subsecretaría del Trabajo y en las que participan las organizaciones sindicales y empresariales, y el otro es el de nuestra labor inspectiva, como estas recientes fiscalizaciones simultáneas en Los Lagos, Aysén y Magallanes”.
La autoridad agregó que “en estas fiscalizaciones el foco principal fue garantizar que los trabajadores y trabajadoras de centros de cultivo y los buzos y buzas laboren con los máximos estándares de seguridad, evitando, sobre todo en el caso de los buzos, la repetición de accidentes fatales como los ocurridos en los últimos años”.
Resultados de las fiscalizaciones
El programa inspectivo consistió en 35 fiscalizaciones a 25 empresas en las tres regiones australes.
De ese total, 20 inspecciones se realizaron en centros de cultivo con 94 trabajadores para verificar las condiciones de higiene y seguridad en la superficie. Otras 15 fueron efectuadas en los centros donde 70 buzos y buzas desarrollaban labores submarinas.
Por regiones, el desglose de fiscalizaciones y multas es el siguiente:
Los Lagos:
- 12 fiscalizaciones y 3 multas.
Aysén:
- 14 fiscalizaciones y 12 multas.
Magallanes:
- 9 fiscalizaciones y 0 multas
Al cabo de las fiscalizaciones, la DT aplicó 15 multas por un total de $109.874.908.
Infracciones multadas
En los centros de cultivo las principales infracciones fueron:
- No vigilar la empresa principal el cumplimiento que corresponde a las empresas contratistas y subcontratistas sobre las medidas de seguridad y prevención en el trabajo.
- No tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores.
- No contar con extintores de incendio adecuados, suficientes y certificados.
- No contar con agua potable destinada al consumo humano.
- No mantener los pisos y pasillos de tránsito libres de obstáculos para un seguro desplazamiento.
En la fiscalización a las labores de buzos y buzas se detectó:
- No tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores.
- No estar debidamente protegidas las partes móviles y otras de las maquinarias y equipos.
- No mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir al mínimo los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales.
- No contar el supervisor de buceo con la bitácora de inmersiones.
- No contar los equipos de buceo con la certificación de inspección y vigencia de la autoridad marítima.
- No llevar registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo.
- Distribuir jornada semanal ordinaria de 45 horas en más de 6 días.
- No otorgar descanso semanal compensatorio.