César Astete, Director de las Campañas de Pesca, Oceana
Cada año la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) publica un informe que describe el estado de situación de las principales pesquerías nacionales, determinando si las especies que se comercializan se encuentran subexplotadas, en plena explotación, sobreexplotadas o agotadas.
El último reporte dado a conocer hace pocas semanas, lamentablemente, no presenta grandes novedades respecto a años anteriores, ya que, de las 28 pesquerías analizadas, 9 se encuentran sobreexplotadas y 6 en condición de agotadas, representando un 53% de las especies analizadas.
Pero lo que llama aún más la atención es que existen pesquerías que, desde que Subpesca empezó a elaborar estos informes en 2012, nunca han salido de la sobreexplotación. Casos emblemáticos de lo anterior son algunos recursos demersales como las merluzas común y de cola, mientras que las merluzas austral y de tres aletas están en ese estado desde 2013. La actual ley de pesca mandata a la administración a tomar medidas que lleven a todas las pesquerías en sobreexplotación o agotamiento a un estado saludable a través de programas de recuperación, los cuales no se han concretado, pese a que ha habido compromisos de parte de las autoridades para implementarlos.
La recuperación de pesquerías es un concepto desarrollado a partir de la fragilidad y sobrepesca de la mayoría de los stocks mundiales. Consiste básicamente en tratar, a partir de distintas acciones de política pública, que la extracción no sea superior a la capacidad de las especies y sus ecosistemas de cumplir sus ciclos vitales de reproducción.
No estamos hablando de un problema netamente ecológico, de por sí ya bastante serio, sino que, en el caso de la merluza común, esconde un drama social y económico que no se puede desconocer. La pesca artesanal de esta especie vive momentos críticos al ser la más afectada por la escasez; de hecho, algunos pescadores y pescadoras de caletas como Cocholgüe, en la región del Biobío, o caleta Portales, en la región de Valparaíso, relatan que han regresado de la faena sin haber pescado nada.
Dentro de las razones que han llevado a la merluza común a esta crisis, están: la pesca de arrastre de fondo y la pesca ilegal. Respecto de la primera, se trata del arte de pesca utilizado históricamente por el sector industrial que posee el 60% de la cuota anual, y donde unas pocas embarcaciones recorren grandes distancias a lo largo de la costa central de Chile llenando sus redes. De la segunda, se calcula que los niveles de ilegalidad sobrepasan año a año la cuota autorizada.
Desde Oceana hemos presentado distintas propuestas a las autoridades para enfrentar estas dos grandes amenazas, sin embargo, no han tenido la acogida esperada. Por ejemplo, en 2016, elaboramos un informe para congelar la huella de la pesca de arrastre de fondo y así evitar que se expanda a zonas que no han sido impactadas. El fin de la propuesta consideraba elevar los estándares de regulación ante técnicas de pesca con mayor impacto en el medio marino. En pesca ilegal, presentamos iniciativas al Servicio Nacional de Pesca y a la Subsecretaría de Pesca para mejorar el control de la comercialización y el transporte de la emblemática pescada.
No puede ser que ante una situación de crisis sigamos implementando las mismas políticas pesqueras como si todo estuviera igual. Hay propuestas de distintos organismos para la recuperación de las merluzas. En el caso de la merluza austral, los mismos pescadores de la Región de Los Lagos han solicitado activar los programas de recuperación, poniendo en la mesa medidas como el aumento del tiempo de veda o reponer la talla mínima legal.
Este escenario es crítico y hacemos un llamado a las autoridades a avanzar con celeridad en concretar propuestas para recuperar las pesquerías, y que así el informe del próximo año no sea una historia repetida que venimos escuchando desde hace más de una década.
