El proyecto minero-portuario Dominga, en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, enfrenta hoy una nueva “hora de la verdad” con la votación del Comité de Ministros. Sin embargo, esta instancia se encuentra marcada por un escenario inédito: la ausencia de los secretarios de Estado, reemplazados por sus subsecretarios debido a inhabilitaciones masivas. Este hecho refleja el carácter altamente controvertido de una iniciativa que lleva más de una década dividiendo opiniones en lo político, ambiental y social.
Por un lado, Andes Iron, empresa detrás del proyecto, argumenta que cumple con los estándares exigidos, amparándose en un reciente fallo del Primer Tribunal Ambiental (1TA) que revocó un rechazo previo. Desde el ámbito político, el gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, ve en Dominga una oportunidad económica para una región históricamente rezagada. Sin embargo, esta narrativa no convence a las comunidades locales ni a los defensores del medio ambiente, quienes advierten sobre los irreparables impactos ambientales y sociales que podría generar.
El principal punto de discordia es su ubicación, cercana a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, un santuario que alberga especies únicas y una biodiversidad invaluable. La comunidad científica y los pescadores artesanales argumentan que la minería en esta zona podría destruir ecosistemas frágiles y actividades económicas sostenibles que han sido pilares del desarrollo local. Como señaló Antonia Berríos, abogada representante de los pescadores de Los Choros, “Dominga es incompatible con la riqueza ambiental del archipiélago de Humboldt”.
Además, el proceso de evaluación del proyecto ha dejado una sombra de incertidumbre jurídica. El fallo del 1TA restringió la capacidad del Comité de Ministros para introducir nuevas causales de rechazo, lo que plantea preguntas sobre la independencia y profundidad de la deliberación que hoy se llevará a cabo. A esto se suma la presión explícita de Andes Iron, que ha advertido sobre un posible “desacato” si la votación no le favorece, una postura que podría interpretarse como una amenaza al principio de transparencia y razonabilidad en la toma de decisiones públicas.
Dominga simboliza el eterno dilema entre desarrollo económico y protección ambiental, un conflicto especialmente relevante en un país como Chile, donde las riquezas naturales han sido históricamente explotadas sin considerar sus costos sociales y ecológicos. A pesar de las promesas de empleos e inversión, la pregunta que sigue sin respuesta es si este tipo de proyectos realmente genera beneficios equitativos y sostenibles, o si simplemente perpetúan un modelo extractivista que deja a las comunidades locales pagando los costos.
La votación de esta tarde será clave no solo para definir el futuro de Dominga, sino también para marcar un precedente sobre cómo el Estado chileno equilibra los intereses económicos con la urgente necesidad de proteger sus ecosistemas y comunidades. ¿Pesará más la economía a corto plazo o la conservación de un patrimonio único e irremplazable? El desenlace de este capítulo no solo afectará a la Región de Coquimbo, sino que será un reflejo de la visión de desarrollo que Chile está dispuesto a priorizar en el siglo XXI.
