Un nuevo estudio revela que la merluza del sur permanece en un estado crónico de sobreexplotación, pese a contar con un esquema de gobernanza moderno y el sello de sostenibilidad MSC desde 2019.
Manuel Martínez González es Ingeniero en Acuicultura, Magíster en Economía y Gestión de la Pesca y la Acuicultura, y Magíster en Gestión del Desarrollo Sostenible. Actualmente es Coordinador de Programas del Programa Regional de Latinoamérica de Innovations for Ocean Action Foundation.
Su interés por los océanos comenzó en la infancia, viendo documentales de Jacques Cousteau, que fueron «la primera chispa» que lo conectó con el mundo marino. Más adelante, se titularía como acuicultor, momento en el que el mar pasó desde la televisión al mundo real, descubriendo la pesca artesanal y una cultura que lo marcó para siempre que terminó por definir el rumbo de su carrera hacia la gestión pesquera sostenible.
Hoy, junto a un equipo de investigadores, Martínez es coautor de un estudio que examina en profundidad la gobernanza de la pesquería de merluza austral en Chile, un trabajo que articula rigor científico, análisis normativo y el conocimiento acumulado por generaciones de pescadores artesanales.
¿En qué consistió la investigación publicada recientemente?
El estudio, titulado Untangling the overexploitation trap: Governance, politics of concepts, and the sustainability claims of Chilean Southern hake, buscó responder una pregunta incómoda pero necesaria: ¿por qué la merluza austral sigue sobreexplotada después de más de una década de desarrollo y consolidación de un esquema de gobernanza moderno y una certificación internacional de sostenibilidad?
Para eso, revisamos todas las actas del Comité Científico Técnico de Recursos Demersales de la Zona Sur Austral (CCTRDZSA) desde su creación en 2013 hasta 2025: 54 actas, 49 sesiones dedicadas a la merluza del sur y 15 recomendaciones de cuota. Ese análisis documental nos permitió reconstruir cómo se toman las decisiones, qué tensiones existen entre ciencia y política, y cómo operan en la práctica las reglas de manejo. El trabajo combina análisis cuantitativo —tendencias de biomasa, cuotas, mortalidad por pesca— con un análisis cualitativo de los argumentos y disensos dentro del comité. En esencia, es una radiografía completa del sistema de gobernanza de esta pesquería.
¿Cuáles fueron los hallazgos más relevantes?
Se pueden sintetizar en tres conclusiones principales.
La primera, es que la merluza austral está sumida en lo que llamamos una «trampa de sobreexplotación». Su biomasa reproductiva muestra una recuperación leve pero insuficiente, es decir, el stock no colapsa, pero tampoco se recupera; permanece en un estado crónico de sobreexplotación.
En segundo lugar, las reglas de manejo vigentes no están diseñadas para recuperar el stock. Fijan una mortalidad por pesca alta, no incorporan la incertidumbre del stock y, según el propio comité científico, predeterminan la cuota y limitan su autonomía técnica. En 20 de las 36 actas donde se discutió el tema desde 2016, los científicos expresaron críticas explícitas, señalando que estas reglas se establecieron sin un análisis técnico previo que justificara su capacidad de llevar el stock al objetivo de rendimiento máximo sostenible.
Y en tercer lugar, la certificación MSC —sello del Marine Stewardship Council, el estándar internacional que certifica pesquerías como sostenibles y permite el acceso a mercados que exigen ese respaldo—, vigente desde 2019, no ha generado mejoras en el estado del recurso. El stock sigue sobreexplotado y sin Programa de Recuperación. No encontramos evidencia de que la certificación, que funciona como un «premio» y facilita el acceso a mercados exigentes, haya impulsado avances significativos en su recuperación.
¿Qué medidas deben implementarse para recuperar la merluza austral?
El estudio propone tres medidas centrales, y ninguna requiere cambios normativos: se trata simplemente de implementar lo que la ley ya exige.
En primer lugar, incorporar un Programa de Recuperación en el Plan de Manejo. La ley lo exige para toda pesquería sobreexplotada o colapsada, pero la merluza austral no cuenta con uno desde la implementación del Plan de Manejo. Es un vacío institucional crítico y un incumplimiento normativo flagrante.
En segundo lugar, reemplazar las reglas de decisión actuales por reglas de captura científicas y precautorias, que respondan al estado real del stock y a su incertidumbre. El propio comité ha señalado que la mortalidad de pesca fijada en el Plan de Manejo no es conducente al objetivo de manejo bajo el actual estado de sobreexplotación.
Y por último, revisar la veda reproductiva con base científica actualizada, un punto que desarrollamos en detalle en una publicación que hicimos en 2025.
A esto se suma un elemento adicional que discutimos en el paper, aunque no forma parte de estas tres medidas centrales: fiscalizar con más fuerza la pesca ilegal y la cadena de suministro nacional, que es donde terminan comercializándose estas capturas.
Sobre las medidas propuestas por los pescadores artesanales de Los Lagos y Aysén —ampliar la veda, restablecer la talla mínima—, ¿son recomendaciones que también identificaron ustedes?
Sí, y esto es importante: la evidencia científica coincide, al menos en parte, con lo que los pescadores artesanales han venido planteando. De hecho, es precisamente por eso que nos hemos interesado en el tema: son los propios pescadores, con su conocimiento de terreno, quienes nos han guiado hacia el desarrollo de estos trabajos.
En cuanto a ampliar la veda, el año pasado publicamos —junto a Andrés Flores, Rodrigo Wiff y Renato Céspedes— un estudio específico sobre esta materia: «Reproductive indicators highlight the need to revise the biological closure of southern hake (Merluccius australis) in Chilean Patagonia» (Fisheries Research, 2025). Ahí mostramos que la veda vigente desde 1996, que cubre solo el mes de agosto, no asegura el resguardo de la temporada reproductiva de la merluza del sur, ni en aguas exteriores ni interiores. Por eso proponemos extenderla a un período de junio a octubre, aplicado a todas las flotas y a toda la unidad de pesquería.
Es justo reconocer, sin embargo, que una veda más larga tiene costos económicos reales, especialmente para el sector artesanal, cuya ventana de operación ya está acotada por el clima. Cualquier decisión debería sopesar ese costo de corto plazo frente al beneficio de recuperación de largo plazo.
¿Las conclusiones de su investigación son extrapolables al manejo de otras pesquerías?
En buena medida, sí. La falta de Programas de Recuperación no es un problema exclusivo de la merluza del sur: identificamos otras seis pesquerías demersales —merluza común, congrio dorado, merluza de cola, merluza de tres aletas y dos especies de raya— que se encuentran sobreexplotadas o agotadas y tampoco cuentan con uno. Esto revela un problema estructural: las herramientas de gobernanza existen en la ley, pero no se aplican con el rigor necesario para recuperar los recursos.
¿En qué medida la ciencia puede aportar en la recuperación de las pesquerías?
Me interesa destacar algo que suele quedar fuera de la discusión pública: la ciencia que sustenta estas conclusiones no es una opinión ni una interpretación personal, sino el resultado de procesos largos, rigurosos y revisados por pares. Tanto el estudio de gobernanza publicado recientemente como el análisis reproductivo de 2025 fueron sometidos a una evaluación exhaustiva por especialistas internacionales, que revisaron la metodología, los datos, los modelos y la solidez de las conclusiones antes de que los artículos fueran aceptados. Ese proceso es justamente lo que le da valor a la evidencia: no depende de percepciones individuales, sino de estándares científicos validados.
En ese sentido, nuestros trabajos articulan tres fuentes de conocimiento que rara vez dialogan entre sí: la ciencia, la normativa y el saber local de los pescadores. En el estudio de 2025, por ejemplo, incorporamos explícitamente algo que los pescadores de aguas interiores venían señalando desde hace años: que la mayor presencia de hembras maduras ocurre más tarde en el año. Esa observación, surgida de la experiencia cotidiana en los fiordos, terminó siendo confirmada por el análisis científico posterior. Es un ejemplo elocuente de cómo la evidencia y la experiencia pueden complementarse para mejorar la gestión pesquera.
También hay una señal reciente que muestra que el sistema puede corregirse desde dentro. En 2024 y 2025, el propio comité científico recomendó cuotas más bajas que las que la fórmula del Plan de Manejo habría permitido fijar. Y para 2026 dio un paso más allá, adoptando una tasa de pesca más conservadora, incluso sin que ninguna norma lo obligara a hacerlo. Esto demuestra que existe voluntad técnica para corregir el rumbo.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar la dimensión humana de esta pesquería. Cerca de 3.500 pescadores artesanales autorizados y alrededor de 5.200 empleos en total, en la Patagonia, dependen de la merluza del sur. Recuperar el recurso no es solo una meta biológica: es una condición para la sostenibilidad económica y social de miles de familias y comunidades. Por eso es tan importante que las políticas públicas se basen en evidencia sólida y actualizada. El esfuerzo detrás de estas investigaciones apunta precisamente a eso: entregar hechos comprobados que permitan tomar decisiones informadas y revertir la sobreexplotación de un recurso fundamental para la Patagonia.
Además, me gustaría que se pudiera relevar que estas publicaciones, y muchas más de años anteriores, han sido impulsadas por la experiencia, capacidad y profesionalismo del Dr. Rodrigo Wiff Onetto, quien falleciera en septiembre del año 2025. Rodrigo fue un científico comprometido por el manejo sustentable de las pesquerías demersales australes y mucha de su experiencia adquirida fueron insumos importantes para nuestros trabajos recientes.
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