Especialistas en acidificación oceánica de la Universidad de Concepción y la Universidad Santo Tomás plantean que la reutilización masiva de conchillas de chorito para capturar CO₂ requiere mayor respaldo científico, monitoreo integral y evaluación ambiental antes de implementarse a gran escala en el sur de Chile.
Las consecuencias del cambio climático y de la actividad humana sobre los ecosistemas marinos han impulsado la búsqueda de soluciones innovadoras para reducir las emisiones de carbono y mitigar sus impactos. Sin embargo, investigadores especializados en acidificación oceánica advirtieron que algunas propuestas emergentes aún requieren una sólida validación científica antes de ser implementadas a gran escala. Este es el caso de un proyecto piloto de reutilización de conchillas de chorito para alcalinización oceánica en la Región de Los Lagos, iniciativa que ha generado preocupación entre académicos debido a la limitada evidencia pública disponible sobre su eficacia y posibles efectos ambientales.
En ese contexto, un grupo de académicos manifestó su preocupación por la información difundida recientemente en medios de comunicación sobre una iniciativa piloto de reutilización de conchillas de mitílidos y alcalinización oceánica en la Región de Los Lagos. Según sus promotores, el proyecto podría procesar hasta 50 mil toneladas anuales de conchillas y contribuir a la captura o neutralización de hasta 10 mil toneladas de CO₂ por año, mediante un sistema de monitoreo de pH, temperatura y biodiversidad bajo la normativa DS90.
Sin embargo, los investigadores advierten que existe una brecha significativa entre estas proyecciones y la evidencia científica actualmente disponible. A su juicio, aún no existe información pública suficiente que permita sostener, con rigor científico y trazabilidad independiente, que el uso masivo de conchillas en el mar interior de Los Lagos genere una remoción neta de CO₂ que sea detectable, verificable y ambientalmente segura.
El Dr. Cristian Vargas, académico de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción y reconocido especialista en acidificación oceánica, señala que la evaluación de estos procesos requiere una mirada integral. “Evaluar la acidificación costera requiere series temporales amplias y comprender la variabilidad natural del sistema, porque los organismos responden a múltiples factores simultáneamente, no sólo al pH. En términos simples, medir una sola variable y extrapolar resultados puede conducir a conclusiones erróneas”, advierte.
Vargas, quien junto a investigadores del Instituto Milenio SECOS ha desarrollado estudios sobre carbono costero, cambio global y dinámica ecológica en fiordos, canales y ecosistemas altamente productivos del sur de Chile, enfatiza que el debate no pasa por descartar esta tecnología, sino por reconocer su estado actual de desarrollo. “La alcalinización oceánica no debe rechazarse a priori, pero tampoco puede presentarse como una solución probada cuando sigue siendo una intervención experimental. Se trata de una tecnología con alta complejidad biogeoquímica, que requiere monitoreo mucho más amplio que la medición de pH y cuyos riesgos ecológicos y regulatorios deben evaluarse caso a caso. La literatura científica y los organismos internacionales coinciden en que estas tecnologías aún se encuentran en etapas tempranas de desarrollo y mantienen importantes incertidumbres respecto de su eficacia, permanencia del carbono removido y posibles impactos ambientales”, sostiene.
Ciencia internacional: experiencias bajo estricta supervisión
A nivel internacional, los ensayos de alcalinización oceánica más avanzados continúan desarrollándose a pequeña escala, bajo condiciones controladas y con un monitoreo intensivo. Un ejemplo es el proyecto LOC-NESS, liderado por Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), presentado en 2026 como el primer ensayo de alcalinización oceánica autorizado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos.
A diferencia de lo que se ha planteado para Los Lagos, este experimento no consistió en la descarga de residuos al mar para posteriormente monitorear sus efectos. Por el contrario, contempló una liberación limitada y controlada de hidróxido de sodio, acompañada de seguimiento intensivo durante varios días, mediciones físicas, químicas y biológicas, uso de vehículos autónomos, muestreo de agua y monitoreo simultáneo de pH, dióxido de carbono y trazadores específicos para estimar la captura efectiva de carbono.
“WHOI ha sido enfático en señalar que los resultados son preliminares y que las investigaciones continuarán para perfeccionar los sistemas de monitoreo y evaluación ambiental. Ese contraste es relevante. Si incluso un proyecto piloto desarrollado por instituciones líderes y bajo permisos ambientales específicos no presenta esta tecnología como una solución demostrada, sino como una línea de investigación en desarrollo, en Chile debiera aplicarse el mismo principio de prudencia”, afirma Vargas.
Por su parte, el Dr. Nelson Lagos, director del Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático de la Universidad Santo Tomás (CiiCC-UST), destaca que en el sur de Chile ya existen experiencias científicas relevantes vinculadas a la reutilización de conchas y restauración marina, como los proyectos ANID Anillo Shell-NBS y FONDEF.
Según Lagos, la evidencia científica disponible muestra que los residuos de conchas requieren procesamiento y control antes de cualquier aplicación ambiental. “Su composición, reactividad y pureza pueden variar significativamente, y la materia orgánica residual presente en las conchas puede afectar la reactividad del carbonato de calcio derivado de ellas”, explica.
Precisamente, el proyecto Shell-NBS ha explorado el uso de estos residuos para desarrollar bioconcreto destinado a la restauración de fondos marinos degradados y a procesos de calcificación controlada, bajo estrictos estándares científicos y monitoreo multidimensional.
Un ecosistema complejo y sensible
Los investigadores coinciden en que las características oceanográficas del Estuario de Reloncaví presentan una complejidad que exige especial cautela. Se trata de un sistema influenciado por aportes de agua dulce continental, alta variabilidad física y fluctuaciones simultáneas de temperatura, oxígeno y dióxido de carbono.
Por ello, los efectos de la acidificación y del cambio global no pueden evaluarse únicamente a través del pH. Diversas investigaciones desarrolladas por los equipos de Vargas y Lagos muestran que estos procesos responden a interacciones sinérgicas entre múltiples variables ambientales.
A ello se suma una preocupación adicional: la literatura científica reciente advierte que las comunidades planctónicas y los productores primarios son especialmente sensibles a alteraciones en la química del agua. En una zona donde existen antecedentes recientes de floraciones algales nocivas (FAN), los investigadores consideran que los posibles riesgos ecológicos no pueden ser tratados como un aspecto secundario. De hecho, Sernapesca informó durante marzo de 2026 la presencia de una floración de Heterosigma akashiwo en el seno de Reloncaví, lo que motivó la activación de medidas preventivas.
Dimensión regulatoria
Otro aspecto que genera interrogantes es el marco regulatorio. Si bien se ha planteado el uso de infraestructura existente para descarga al mar, los investigadores recuerdan que la legislación chilena establece exigencias específicas para este tipo de intervenciones.
La Ley 19.300 señala que los proyectos contemplados en su artículo 10 deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, mientras que el artículo 11 exige la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental cuando exista riesgo para la salud de las personas o efectos adversos significativos sobre los recursos naturales.
“El Reglamento del SEIA refuerza este punto. El DS90 es una norma de emisión y no reemplaza una evaluación integral de impactos ambientales. Cumplir con determinados parámetros de descarga no permite concluir, por sí solo, que una intervención no alterará la calidad del agua, las comunidades biológicas o la dinámica costera. Además, la normativa marítima establece que DIRECTEMAR debe autorizar y evaluar técnicamente cualquier vertimiento o descarga en aguas bajo jurisdicción nacional”, explica Lagos.
Pese a sus cuestionamientos, los investigadores consideran que esta discusión representa una oportunidad para fortalecer el conocimiento científico sobre acidificación oceánica y remoción de carbono en Chile.
“Si existe una hipótesis plausible de que materiales alcalinos derivados de conchas puedan contribuir a mitigar la acidificación o favorecer una captura adicional de CO₂, esa hipótesis debe someterse a pruebas rigurosas. Esto implica contar con líneas de base robustas, escalamiento gradual desde el laboratorio hacia intervenciones piloto, monitoreo integral de variables químicas, biológicas y físicas, modelación hidrodinámica, evaluación ambiental formal, trazabilidad de residuos, participación de las comunidades y revisión independiente por expertos”, concluye Vargas.
Para los investigadores, Chile necesita avanzar con ciencia abierta, monitoreo independiente, evaluación ambiental rigurosa y respeto por el conocimiento acumulado en los territorios antes de presentar respuestas simples frente a desafíos ambientales de alta complejidad.
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