Por Carolina Pérez, periodista Revista Ecociencias
En un contexto de acelerada crisis climática global y de urgencia por la protección de los ecosistemas, el reciente ascenso de fuerzas políticas de ultraderecha en Chile plantea desafíos ambientales que podrían revertir avances significativos en materia de sustentabilidad. Como advierte Ezio Costa, director de ONG Fima, hay al menos tres dimensiones de riesgo —institucional, social y ecológica— que merecen especial atención.
- Retrocesos en la institucionalidad ambiental y en la regulación
Costa advierte que la ultraderecha históricamente ha mostrado una postura de “escepticismo climático” o incluso negacionismo respecto de la evidencia científica del cambio climático. Esto se traduce en un peligro real de desmantelar marcos normativos y políticas públicas que han protegido recursos naturales, calidad del aire, biodiversidad, cuencas hídricas y territorios vulnerables.
Un ejemplo concreto es la oposición declarada de algunos liderazgos ultraderechistas al Acuerdo de Escazú, un instrumento clave para garantizar la participación ciudadana en decisiones ambientales y proteger comunidades frente a proyectos extractivistas. Este retroceso institucional también podría facilitar una “flexibilización” de regulaciones ambientales —en particular en minería, energía, grandes desarrollos—, favoreciendo nuevamente modelos extractivistas con alto impacto sobre los ecosistemas.
En un país como Chile, donde ya existe una elevada vulnerabilidad al cambio climático (escasez hídrica, pérdida de biodiversidad, desertificación, aumento de eventos extremos), debilitar la regulación ambiental significa dejar incompleto el escudo protector que requiere nuestra naturaleza.
- Fragilización de políticas de transición ecológica y abandono de compromisos climáticos
El ascenso de la ultraderecha coincide con emergentes discursos que cuestionan la urgencia de la crisis climática o la convierten en un “lujo” prescindible frente al desarrollo económico. Esto choca con escenarios promovidos por organismos científicos internacionales, según los cuales la ventana para evitar impactos irreversibles se estrecha rápidamente.
Un retorno al “extractivismo clásico” (minería intensiva, explotación de recursos sin criterios de sustentabilidad, apertura de concesiones sin regulación estricta) —como ha alertado el experto ambiental Jorge Cash respecto a liderazgos actuales— podría condenar al país a un camino con altos costos ambientales, sociales y económicos.
Asimismo, una desconfianza hacia acuerdos ambientales internacionales y la comunidad científica pone en riesgo las bases de políticas climáticas de largo plazo: mitigación, adaptación, conservación, protección de especies, gestión hídrica, gobernanza ambiental.
- Debilitamiento de la participación ciudadana y ataques a defensores ambientales
Una preocupación subyacente en las advertencias de Costa es la tendencia de la ultraderecha a priorizar el mercado, la desregulación y el individualismo por sobre lo colectivo. En ese marco, los derechos ambientales colectivos —como el derecho a vivir en un medio ambiente saludable, al agua, al aire limpio— podrían verse subordinados a intereses privados.
Este tipo de retrocesos promueven paisajes de “zonas de sacrificio”, es decir, territorios donde se concentra la carga ambiental (contaminación, extractivismo, degradación) en comunidades vulnerables, sin que haya canales efectivos de participación, justicia ambiental ni protección de derechos.
A su vez —como ha documentado la prensa especializada— se ha incrementado la violencia contra defensores y defensoras del medio ambiente en Chile. Políticas de desregulación combinadas con discursos que a veces estigmatizan a quienes defienden la naturaleza, son una amenaza directa para la democracia ambiental.
- Riesgo real de agudización de la crisis climática y ecosistémica en Chile
De acordar este viraje regresivo —institucional, regulatorio, social—, Chile podría abandonar avances clave en materia de sustentabilidad. Esto vulnera no solo la biodiversidad, sino también la resiliencia frente a fenómenos climáticos extremos, la protección de ecosistemas frágiles y la seguridad hídrica.
Dado el escenario global, donde organismos como WWF advierten que los riesgos por cambio climático, pérdida de naturaleza y colapso de ecosistemas son ya una realidad, reducir la ambición ambiental o debilitar marcos legales significa hipotecar el bienestar de varias generaciones.
Para un país geográficamente diverso y rico en ecosistemas —desde desiertos áridos hasta bosques, glaciares, costas, humedales—, esta pérdida de protección podría ser irreversible.
¿Por qué este debate debe preocuparnos hoy?
- Porque la crisis ambiental no espera: los efectos del cambio climático, contaminación, pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas ya se sienten en comunidades de Chile.
- Porque lo que se juega no es solo regulación técnica, sino el tipo de sociedad que queremos: colectiva, participativa, justa con la naturaleza y con los más vulnerables —o regresiva, desregulada, centrada en el mercado.
- Porque cada retroceso institucional implica menos mecanismos de control, menos participación ciudadana, más riesgo de conflictos socioambientales —y mayor vulnerabilidad ante crisis climática.
En palabras de Ezio Costa para el portal UChile la ultraderecha “se opone a la ciencia y a la protección de lo colectivo”. Eso no es una diferencia de matices, sino una ruptura con lo que ha sido logrado con esfuerzos ciudadanos, técnicos y científicos en décadas.
La urgencia de defender lo común
Hoy urge un desarrollo sostenible, equitativo y democrático, resulta imprescindible visibilizar y denunciar los riesgos. No se trata de debatir ideologías abstractas, sino de defender derechos: al agua, al aire limpio, a la biodiversidad, a una vida digna en comunidad.
En un momento donde la agenda ambiental global exige acción decidida, el resurgir de la ultraderecha en Chile representa un llamado de alerta: lo que ahora está en juego no es solo el futuro político, sino el futuro ambiental de las próximas generaciones.
