Por Carolina Pérez, Revista Ecociencias
El caso de la activista mapuche Julia Chuñil, desaparecida en 2024 y cuyo asesinato se investiga con nuevos antecedentes, abre un debate sobre la violencia hacia quienes protegen la tierra. En Sudamérica, la mayoría de los crímenes ambientales ocurren en contextos extractivos y, aunque las mujeres son un porcentaje menor de las víctimas fatales, enfrentan violencias diferenciadas por género.
Sudamérica es la región más peligrosa del mundo para la defensa ambiental. Según el informe Global Witness 2023, el 85% de los asesinatos de activistas ambientales a nivel global se concentran en América Latina, con países como Brasil, Colombia, México y Honduras entre los más afectados. Las principales causas están vinculadas a conflictos territoriales con industrias extractivas como la minería, la agroindustria, proyectos hidroeléctricos y la expansión de la frontera forestal.
En este escenario, los pueblos indígenas aparecen especialmente expuestos: sus territorios concentran buena parte de la biodiversidad, y la defensa de sus derechos suele contraponerse a intereses económicos de gran escala.
Mujeres activistas: una violencia con doble rostro
Las cifras muestran que, proporcionalmente, son menos las mujeres asesinadas en comparación con los hombres. Global Witness estima que cerca de un 12% de los asesinatos de defensores ambientales corresponde a mujeres. Sin embargo, los riesgos para ellas no son menores: además de enfrentar amenazas de muerte o desapariciones forzadas, deben soportar violencias diferenciadas por género, como el hostigamiento sexual, el desprestigio público y la criminalización por roles tradicionales que ocupan en sus comunidades.
Casos emblemáticos, como el de Berta Cáceres en Honduras (2016), quien fue asesinada tras liderar la oposición indígena a la construcción de una represa, han sido definidos por organizaciones feministas como ecofeminicidios: crímenes donde se entrecruzan la defensa ambiental y la violencia de género. En este sentido, el caso de Julia Chuñil plantea una alerta similar: la represión de mujeres que, además de ser cuidadoras de la tierra, sostienen la vida comunitaria.
Una región en disputa ambiental
La riqueza natural de Sudamérica se encuentra en el centro de las tensiones. La expansión de la minería (legal e ilegal), la deforestación amazónica, la agroindustria a gran escala y los proyectos energéticos son fuentes recurrentes de conflictos socioambientales.
En muchos de estos casos, las comunidades locales denuncian que no sólo se afecta su territorio, sino también sus modos de vida y el conocimiento ancestral con el que han protegido la biodiversidad durante siglos. La defensa del agua, de los bosques o de los ríos suele convertirse en una confrontación directa con intereses económicos y políticos de gran peso.
Implicancias para la ciencia
Más allá de la tragedia humana, la violencia contra activistas ambientales tiene efectos directos en la ciencia y en el conocimiento. El Consejo Internacional de Ciencias (ISC) ha advertido que la represión y el asesinato de defensores ambientales limitan la producción de conocimiento ecológico y obstaculizan la capacidad de generar políticas públicas basadas en evidencia.
Cuando líderes comunitarios o mujeres indígenas son silenciadas, se pierde también el acceso a saberes locales que complementan la investigación científica: conocimientos sobre especies, uso sostenible del suelo o prácticas de conservación que han sido transmitidas por generaciones. Esto no sólo debilita la protección de la biodiversidad, sino que limita la comprensión global de cómo enfrentar la crisis climática.
Un desafío urgente
El asesinato de activistas como Julia Chuñil no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia que atraviesa el continente. Aunque las mujeres constituyen una minoría en las cifras fatales, sus muertes representan una doble pérdida: la de una vida y la de una voz que une la defensa ambiental con la lucha por la equidad de género.
Garantizar justicia y protección para defensoras y defensores del medio ambiente es una tarea impostergable, tanto para los Estados como para la sociedad civil. De ello no sólo depende la seguridad de comunidades enteras, sino también la posibilidad de avanzar en un futuro sustentable basado en el respeto a la vida, la biodiversidad y el conocimiento compartido.
